Contrato exprés sin licitación
La Dirección General de Administración Escolar de la UNAM adjudicó de forma directa una plataforma para exámenes en línea en solo cinco días naturales. La funcionaria Ivonne Ramírez Wence gestionó el contrato con la empresa Territorium Life S.A.P.I. de C.V. por un monto que alcanza los 85.7 millones de pesos. El Comité de Adquisiciones avaló la excepción a la licitación pública citando cláusulas sobre servicios especializados de información confidencial.
El acuerdo multimillonario contemplaba la aplicación de hasta 324 mil evaluaciones con un costo unitario asignado de 227 pesos por cada aspirante. El proceso burocrático se resolvió con extrema rapidez entre el 2 y el 7 de abril de 2025, atravesando incluso un fin de semana. La contratación inicial estaba destinada al bachillerato del modelo ECOEMS y al concurso de licenciatura en el sistema a distancia.
Garantías fallidas de seguridad
La administración escolar justificó la compra asegurando que el software contaba con herramientas avanzadas para la detección de patrones anómalos durante las pruebas. El expediente técnico prometía blindar la transparencia de los exámenes mediante monitoreo en tiempo real y cadenas de custodia de reactivos. La DGAE respaldó la capacidad de la proveedora citando supuestas experiencias previas exitosas en el Instituto Politécnico Nacional y la UANL.
A pesar de los presuntos mecanismos antifraude garantizados por escrito, el sistema falló en prevenir alteraciones masivas en las puntuaciones de los aspirantes. El documento oficial afirmaba que la plataforma poseía derechos de propiedad intelectual capaces de proteger la confidencialidad de todo el banco de preguntas. Los tableros de control y reportes especializados resultaron insuficientes para detener las irregularidades operativas reportadas durante la aplicación.
Colapso en el concurso de ingreso
La crisis estalló tras detectarse un incremento atípico sin precedentes en el número de alumnos con calificaciones perfectas en el ciclo 2026-2027. Ante la anomalía, la Rectoría frenó la asignación de lugares para más de 58 mil jóvenes y ordenó aplicar un examen presencial. Una Comisión Técnica investiga la falla de la plataforma sin tener aún elementos concluyentes sobre el origen del sabotaje.
Los documentos con los que la universidad argumentó la contratación rápida cobran hoy un cariz de responsabilidad legal para los funcionarios firmantes. La comunidad universitaria cuestiona cómo un servicio de 85 millones de pesos falló gravemente en sus principales promesas de seguridad técnica. El escándalo mantiene en la incertidumbre el ingreso a la máxima casa de estudios mientras continúan las indagatorias oficiales.