La reciente propuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para sancionar a los medios de comunicación ha encendido las alarmas al compararse con regulaciones aplicadas en países como Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
La iniciativa —sometida a consulta pública entre el 27 de julio y el 21 de agosto— contempla la creación de una defensoria de las audiencias y la obligación de publicar códigos de ética bajo amenaza de multas económicas. Este esquema guarda directas similitudes con la Ley Orgánica de Comunicación promulgada en Ecuador en 2013, durante el mandato de Rafael Correa.
En la propuesta mexicana, el defensor de las audiencias buscaría la "autorregulación" de los contenidos, pero contaría con la facultad de imponer sanciones monetarias a las empresas editoriales. Una dinámica idéntica ocurrió en Ecuador, donde la figura de vigilancia terminó convirtiéndose, según advirtieron relatores de la ONU y la CIDH, en un mecanismo de intervención estatal contra la prensa independiente.
Debido a sus restricciones desproporcionadas y a irregularidades en su proceso legislativo, dicha figura fue derogada en Ecuador en 2019.
El caso mexicano se suma a un entorno regional crítico. Organismos como Human Rights Watch y la CIDH han documentado que regímenes como los de Venezuela y Nicaragua emplean descalificaciones, clausuras y ataques directos a periodistas para acallar la crítica y controlar el flujo informativo. (Redacción).
