Culiacán, Sinaloa., jueves 20 de agosto de 2026.- Como una medida arbitraria que busca proteger a los verdaderos responsables y cargar la culpa sobre el eslabón más débil, calificó el entrevistado el Abogado Ricardo Beltrán, luego de ayer de la reciente detención de Fausto Corrales, chófer de Héctor Melesio Cuén Ojeda y testigo clave en el caso.
Detención ocurrida por la Interpol, luego de emitirse una ficha roja, y fue ejecutada en la Ciudad de México.
Durante una entrevista concedida a este medio, el abogado señaló que resulta contradictorio que la Fiscalía General de la República (FGR) oriente sus acciones principales hacia el conductor que trasladó a la víctima, mientras que los funcionarios presuntamente implicados en el montaje denunciado tras el homicidio siguen sin rendir cuentas de manera profunda.
Puntos clave expresados en la entrevista:
El montaje y las irregularidades: Se criticó la actuación de las autoridades locales durante el manejo inicial del caso, señalando irregularidades graves como la presunta incineración del cuerpo sin cumplir los protocolos de ley, así como intimidaciones denunciadas hacia la familia del exrector.
Señalamientos a funcionarios: El entrevistado cuestionó por qué no se han emitido órdenes de aprehensión o investigaciones más severas hacia figuras clave de la administración pública local y la fiscalía estatal que encabezó las primeras indagatorias (como la exfiscal Sara Bruna), así como al gobernador Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza.
El papel del testigo: Afirmó que Fausto Corrales es un testigo clave para esclarecer los eventos de aquel 25 de julio de 2024, sugiriendo que las omisiones en sus declaraciones previas pudieron deberse a temor por su integridad física y la de su familia.
Justicia parcial: Se acusó a la FGR de actuar de manera "parcializada", asegurando que existe una línea de protección hacia personajes vinculados al partido en el poder, aplicando la ley únicamente contra quienes son considerados opositores o testigos vulnerables.
Interés internacional: Se destacó que los hechos ocurridos en torno al asesinato de Cuén Ojeda representan la "punta del iceberg" de la crisis de seguridad e institucional que atraviesa Sinaloa, un tema que ya ha captado la atención y el seguimiento de autoridades en Estados Unidos.
El entrevistado concluyó exigiendo que la FGR profundice las investigaciones hacia la cadena de mando que dio las órdenes el día de los hechos y durante la posterior alteración de la escena, en lugar de reducir el caso a la persecución de los testigos.
Humberto Ramírez
